GC Arquitecto/a Técnico/a Proyectos, Servicios e Infraestructuras
Descripción:
Se solicita Arquitecto/a Técnico/a para proyectos de la Dirección de Proyectos, Servicios e Infraestructuras en la isla de Gran Canaria.
Requisitos:
Los requisitos del perfil de Arquitecto/a Técnico/a son:
Formación académica (mínima requerida):
- Arquitectura Técnica o Grado en Ingeniería de la Edificación.
Formación complementaria:
- Se valorará formación en Prevención de Riesgo Laborales.
- Se valorará formación relacionada con el puesto de trabajo.
Experiencia:
- Se valorará experiencia en Dirección Facultativa y como jefe/a de obra.
- Se valorará experiencia en el control de calidad, incluyendo la coordinación de la toma de muestras y la interpretación de los resultados de los ensayos conforme a la normativa vigente.
- Se valorará la experiencia en el uso de herramientas como Presto o Arquímedes para la gestión de certificaciones.
¡IMPORTANTE!
Se requiere certificación de colegiación.
Las funciones del perfil son:
- Apoyo a la Dirección Facultativa del encargo.
- Coordinación de seguridad y salud.
- Verificar de la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de los ensayos y pruebas necesarias.
- Colaboración con los distintos agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado.
Lugar de trabajo:
Sede en Gran Canaria.
Tipo de contrato:
Indefinido (100).
Retribución:
Arquitecto/a Técnico/a: 2.645,24 € Brutos.
Observaciones:
Las personas inscritas en la oferta deberán acreditar la formación y la experiencia con carácter obligatorio.
Todas las candidaturas serán valoradas en igualdad de condiciones, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, sobre los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, y en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. En caso de detectarse situaciones de desigualdad, la empresa se reserva el derecho a aplicar medidas específicas de acción positiva, conforme a lo previsto en la legislación vigente y en su Plan de Igualdad.